La economista y especialista en políticas públicas Carolina Vásquez afirmó que el sistema nacional de salud de El Salvador enfrenta una profunda contradicción debido a que el endeudamiento constante adquirido por el Gobierno no se traduce en mejoras operativas para los hospitales públicos, unidades de salud ni el abastecimiento de medicamentos.

Durante un conversatorio organizado por el Frente Intercontinental, la experta cuestionó el destino de los fondos públicos al señalar que, desde el año pasado hasta la fecha, la administración estatal ejecutó el despido de más de 7.000 trabajadores sanitarios, incluyendo médicos y enfermeras, debilitando de forma directa el sostenimiento de la red asistencial.

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Vásquez detalló que el presupuesto real asignado al sector es apenas el 4% del producto interno bruto (PIB), una cifra inferior al 6% recomendado por los organismos internacionales para garantizar un acceso adecuado. Explicó que el Estado destina alrededor de 212 dólares anuales por cada habitante para cobertura sanitaria.

Aseveró que es una inversión deficiente que coincide con el deterioro en la atención a mujeres y a la primera infancia, evidenciado en deficiencias en los esquemas de vacunación y en la aparición de brotes epidemiológicos como el sarampión, a pesar de contar con programas como Creciendo Juntos Saludables, financiado con 250 millones de dólares por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La especialista denunció que, entre mayo de 2025 y abril de este año, las autoridades acumularon casi 600 millones de dólares en créditos internacionales provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados al expediente digital y al programa de telemedicina Doctor SV.

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La economista alertó de que estos recursos no generaron nueva infraestructura física ni equipamiento hospitalario, sino que propiciaron la precarización laboral mediante la contratación de empresas privadas que emplean personal por horas, al tiempo que los contratos con corporaciones transnacionales como Google permanecen bajo reserva y sin acceso a la contraloría pública.

La decisión del Ejecutivo de mantener bajo reserva el contrato con la famosa corporación extranjera genera graves cuestionamientos en materia de falta de rendición de cuentas, puesto que los contribuyentes no disponen de mecanismos para verificar si el uso de los millones de dólares se ejecuta de manera eficiente o si hay sobreprecios en las contrataciones de la plataforma digital.

La condición de secreto gubernamental provoca un escenario de total indefensión legal para los usuarios, ya que en caso de que ocurra un error grave de diagnóstico clínico o una prescripción médica equivocada por parte del software, puede resultar imposible determinar las responsabilidades jurídicas correspondientes entre el Estado y los desarrolladores privados.

El blindaje de la información oficial también oculta las cláusulas referidas a la vulnerabilidad y la soberanía de los datos íntimos de la población, debido a que los historiales clínicos, tratamientos, enfermedades y datos biométricos de millones de ciudadanos son almacenados en servidores de una transnacional privada sin que el pueblo conozca los derechos que el Estado cedió sobre el uso o comercialización de sus expedientes.

Esta transición forzada hacia el entorno virtual transcurre de manera paralela al cierre de plazas de médicos y enfermeras en el territorio nacional, lo cual promueve la deshumanización del servicio y margina de la atención sanitaria básica a los sectores populares más vulnerables que carecen de conectividad o residen en comunidades rurales.

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